Nicole Verón, la expolicía de la Ciudad conocida como la “Policía Hot”, protagoniza una polémica en un country de Canning. Junto con Janice Sochas, su hermana con la que vive en el barrio Fincas del Alba, denuncian discriminación por parte de las autoridades que derivaron en multas y restricciones para recibir alimentos, visitas y vehículos. Desde la administración rechazaron las acusaciones y aseguraron que las medidas responden a reiteradas infracciones al reglamento interno que cometieron ambas inquilinas.
Verón, de 25 años, se hizo conocida a fines de 2025, cuando se viralizaron videos de contenido erótico en los que utilizaba prendas de la Policía de la Ciudad. En ese momento se encontraba de licencia médica en la fuerza, mientras seguía percibiendo cerca de $600.000 mensuales, aproximadamente la mitad de su sueldo.
Según contó públicamente, era madre, debía sostener a su hija y colaborar con su familia, por lo que comenzó a vender contenido para adultos como una salida económica.
“Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también”, explicó entonces. Verón sostuvo que en su primer mes con la actividad llegó a facturar alrededor de $6 millones. Tras la difusión de los videos fue suspendida y posteriormente separada de la fuerza por considerar las autoridades que el uso del uniforme resultaba incompatible con las normas institucionales.
El antecedente del choque en la Riccheri
Su nombre volvió a aparecer en junio de 2026 por un choque en cadena ocurrido en la autopista Riccheri, a la altura de Ezeiza, en el que murió un hombre de 48 años.
Verón viajaba como acompañante en un BMW conducido por Janice Sochas, quien también genera contenido para redes sociales. Las circunstancias y responsabilidades del siniestro quedaron bajo investigación judicial.
Luego del accidente circularon videos anteriores en los que se observaba a Sochas manejando el vehículo a más de 200 kilómetros por hora. Sin embargo, esas grabaciones no demuestran por sí mismas a qué velocidad circulaba el BMW al momento del choque.
La denuncia contra la administración
Ahora, Verón y Sochas aseguran que atraviesan un conflicto con el barrio donde alquilan una vivienda, mientras siguen dedicándose a la producción de contenido para adultos. Según relataron, primero abonaron multas por cerca de $1,5 millones, pese a que —afirman— no tuvieron acceso a las actas que las originaron.
Posteriormente les habrían reclamado más de $2 millones por nuevas infracciones.
“No es la primera vez que me ponen multas sin justificar, como por desprestigio al barrio”, afirmó Verón ante Diario Canning. También denunció: “Prohibieron la entrada de Coto Digital. Estoy sin comida en mi propiedad”.
La joven sostuvo que padece epilepsia y que la otra integrante de la familia es paciente oncológica. “Solo me dejan ingresar los alimentos si voy yo y manejo el camión del Coto, porque saben que estoy sin vehículo. Es una humillación total”, manifestó.
El abogado de las inquilinas cuestionó que las infracciones no detallarían fechas, horarios, testigos ni actas. En una comunicación dirigida a la administración reclamó la notificación precisa de las deudas y el “inmediato levantamiento de cualquier restricción” sobre el uso de la vivienda.
La respuesta del barrio
Desde la administración brindaron una versión opuesta. “Tenemos resguardo en disco rígido de diferentes reacciones violentas”, señalaron, y mencionaron presuntos agravios contra trabajadores, maniobras peligrosas y filmaciones en espacios comunes.
También afirmaron: “Las multas le caen al propietario, quien las firmó y aceptó”, y sostuvieron que existirían deudas de expensas y servicios, algo que las jóvenes niegan.
“Tiene restricciones, pero no se le viola ningún derecho. Puede entrar y salir libremente”, indicaron desde el barrio. Según esa versión, las sanciones se aplicaron por “agravio al personal y violación a las reglas de convivencia”.
Ambas partes aseguran haber recurrido a abogados. Hasta el momento no se conoció una resolución judicial que determine la validez de las multas ni si las restricciones denunciadas vulneraron derechos.
