El Gobierno nacional suspendió el decreto que desregulaba el servicio de practicaje en los puertos, tras el paro que frenó la actividad vinculada a la exportación de granos y combustibles. La decisión llegó después de un acuerdo con los representantes del sector, que contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de la asistencia a la navegación de buques.
Para concretar el acuerdo, el Ejecutivo dejó en suspenso el decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación del Estado. Horas antes, el vocero presidencial Adrián Ravier había señalado que la norma buscaba permitir el ingreso de nuevos actores a la actividad.
El paro y la negociación
Durante la mañana, el vocero presidencial había indicado que "seguramente" habría sanciones para quienes participaron del paro iniciado el lunes. Más tarde, el Gobierno anunció la creación de una mesa de trabajo para alcanzar un acuerdo definitivo sobre los puntos en discusión.
Los prácticos son capitanes especializados que guían a los buques durante su ingreso y salida de los puertos. Según información oficial, en la zona portuaria de la ciudad de Buenos Aires y Dock Sud trabajan apenas 24 profesionales dedicados a esa tarea.
Desde el Ministerio de Desregulación sostuvieron que el costo del practicaje representa alrededor del 8% del costo total de la operatoria y afirmaron que el servicio puede ser reemplazado. Al presentar la desregulación, el ministro Federico Sturzenegger expresó que "la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio".
Impacto en los puertos y la economía
La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) advirtieron que el conflicto generó un fuerte impacto económico. Las entidades señalaron que había más de 45 buques detenidos y que la cantidad aumentaba a un ritmo de unos 30 barcos por día. Estimaron que cada embarcación inmovilizada generaba sobrecostos de entre 50.000 y 100.000 dólares diarios por demoras, penalidades contractuales y gastos operativos.
Las cámaras remarcaron que el Gran Rosario y el corredor San Lorenzo-Timbúes constituyen el principal polo exportador agroindustrial del país, desde donde salen la mayor parte de las exportaciones nacionales de soja, maíz, trigo y sus derivados.
El servicio de practicaje y el origen del conflicto
El practicaje es un servicio obligatorio para embarcaciones de pasajeros y de transporte. Los prácticos, con apoyo de remolcadores y amarras, realizan las maniobras necesarias para ingresar o retirar los buques de los puertos.
La discusión sobre el costo del servicio surgió tras el decreto impulsado por el Ministerio de Desregulación, que sostuvo que el practicaje en Argentina cuesta hasta cuatro veces más que en otros países. Según datos oficiales, un buque Panamax paga entre 1.500 y 4.700 dólares por el servicio en puertos internacionales, mientras que en Argentina los valores oscilan entre 9.364 y 16.903 dólares, según el puerto de destino. Los costos más altos corresponden a la ciudad de Buenos Aires, donde el ingreso al Río de la Plata supera los 16.900 dólares.
La postura de la Asociación de Capitanes
En medio del conflicto, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante aclaró que no convocó ni promovió la interrupción de los servicios. La entidad explicó que no ejerce representación sindical sobre los prácticos, quienes desarrollan su actividad como profesionales autónomos, y que cualquier decisión sobre la prestación del servicio corresponde exclusivamente a esos profesionales.
