Universidades

El Gobierno acordó suba salarial y más fondos para universidades, pero sigue el reclamo ante la Corte

El acuerdo incluye una recomposición salarial del 24,33% y más recursos para becas y hospitales, aunque las universidades mantienen la demanda judicial por la Ley de Financiamiento Universitario.

Foto enviada por WhatsApp el 10/6/2026
Manifestación universitaria en la avenida Bolívar con reclamos por la ley de financiamiento

El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron un acuerdo salarial y presupuestario para las universidades públicas, que contempla una recomposición salarial del 24,33% y mayores fondos para becas y hospitales universitarios. Sin embargo, los rectores mantienen la demanda judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Detalles del acuerdo salarial y presupuestario

El entendimiento alcanzado incluye una recomposición salarial del 24,33% en dos tramos: un 21,33% en julio y otro 3% en octubre. El aumento contempla puntos correspondientes a 2024, 2025 y una compensación por la pérdida acumulada hasta mayo de 2026.

Además, el acuerdo incorpora el compromiso de evitar que los salarios universitarios sigan perdiendo frente a la inflación durante 2026. También prevé un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y una partida de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.

Las negociaciones incluyeron un capítulo específico para docentes de establecimientos preuniversitarios, afectados por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID).

Reclamo judicial y situación de la Ley de Financiamiento Universitario

A pesar del acuerdo económico, las universidades mantienen el reclamo judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero aún no implementada. La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente está suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo.

La definición final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene un plazo establecido para resolver el caso. Desde el Gobierno sostienen que la ley es "ilegal" porque, según su interpretación, no cumple con los requisitos de administración financiera vinculados a la identificación de las fuentes de financiamiento.

Gremios docentes y protestas universitarias

Los gremios docentes manifestaron cautela frente al anuncio y reclamaron una convocatoria a paritarias. Las universidades públicas continúan en estado de alerta, y en las últimas semanas se realizaron distintas acciones para exigir una definición judicial sobre los fondos.

Entre las medidas de protesta se registraron tomas estudiantiles en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en el Carlos Pellegrini, además de movilizaciones organizadas por centros de estudiantes, gremios y organizaciones universitarias.