La Justicia bonaerense dictó una medida cautelar que frena el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) impulsado por el Gobierno nacional y ordena preservar sin cambios la prestación del servicio de agua potable y saneamiento en los 26 municipios del conurbano donde opera la empresa.
La resolución fue emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, a cargo de Mariano López, tras una presentación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El fallo establece que AySA deberá abstenerse de reducir inversiones, modificar obligaciones operativas o postergar obras de infraestructura mientras se analiza el fondo de la cuestión.
La Defensoría argumentó que la privatización podría afectar el acceso al agua potable, la expansión de las redes, las tareas de saneamiento y la protección ambiental. Además, advirtió sobre el riesgo de flexibilización de controles regulatorios y demoras en obras esenciales para millones de usuarios.
El juez consideró que existen elementos suficientes para analizar los posibles impactos del cambio de gestión sobre derechos vinculados al acceso al agua y al ambiente. Por eso, ordenó mantener sin modificaciones las obligaciones de prestación, inversión e infraestructura en toda el área de concesión.
El plan de privatización
La medida judicial se conoce en medio del avance del plan de privatización impulsado por el Gobierno nacional, que contempla la venta del 90% del paquete accionario de AySA mediante una licitación pública. El esquema prevé transferir inicialmente el control de la empresa a un operador estratégico privado y luego colocar el resto de las acciones en el mercado.
AySA presta servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, incluyendo varios de la zona sur, por lo que la decisión judicial impacta directamente en millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.
