La Corte de Apelaciones del estado de Columbia, en Estados Unidos, rechazó este martes el pedido de la Argentina para desestimar la demanda del fondo Titan Consortium y pequeños acreedores del grupo español Marsans por la expropiación de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El Estado argentino había sido condenado en 2017 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial a pagar 321 millones de dólares más intereses, suma que actualmente asciende a casi 391 millones de dólares, además de las costas del proceso. Hasta el momento, la Argentina no realizó el pago.
El fallo del CIADI quedó firme en 2019, pero el organismo no tiene capacidad para ejecutar sus sentencias. Posteriormente, Titan Consortium 1 LLC, que adquirió los derechos económicos del laudo, presentó una petición de reconocimiento y ejecución ante la Corte del Distrito de Columbia en 2021.
La Argentina argumentó que el plazo de prescripción era de 3 años, pero el tribunal determinó que es de 12 años. Finalmente, la corte reconoció el laudo del CIADI por un monto de 390.907.155,55 dólares al 10 de diciembre de 2024, más intereses posteriores.
Pese a la apelación, la corte ratificó este martes la decisión de primera instancia sobre el plazo de 12 años y el monto a pagar.
En la misma corte se tramita el caso de la constructora italiana WeBuild, continuadora de Salini Impregilo, que reclama a la Argentina el pago de 123 millones de dólares por el congelamiento de las tarifas de peaje en el puente Rosario - Victoria. WeBuild ya cuenta con un fallo favorable del CIADI y también busca ejecutarlo.
Próximos pasos y antecedentes
El gobierno de Javier Milei analizará las herramientas legales disponibles para revertir o mitigar el impacto de la sentencia.
En el caso por la expropiación de YPF, que terminó con un resultado favorable para la Argentina, Burford Capital, financista de las demandas de los accionistas de la quiebra de las sociedades Petersen y del fondo Eton Park, pidió una revisión de un plenario de jueces, que fue denegada. Ahora, su alternativa es acudir a la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque con pocas probabilidades de éxito.
Las expropiaciones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner representaron un costo de aproximadamente 30.000 millones de dólares para el Estado argentino, entre pagos realizados y juicios pendientes ante tribunales extranjeros.
En 2008, el gobierno de Cristina Kirchner expropió Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur al grupo español Marsans, en el marco de una serie de nacionalizaciones de empresas consideradas estratégicas.
Las aerolíneas se sumaron a otras empresas estatizadas como Correo Argentino, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), YPF y la calcográfica Ciccone.
Por el caso Aerolíneas Argentinas y Austral, Marsans vendió los derechos de litigio al fondo Burford Capital, que luego los transfirió a Titan Consortium.
